Sin seguridad en el territorio

Si el legado que el actual gobierno departamental pretende dejar es el de la seguridad, la pregunta obligada —a dos años de gestión— no tiene que ser retórica ni mucho menos ideológica: ¿en qué indicadores, territorios y poblaciones se expresa ese logro? La evidencia disponible sugiere una respuesta concreta: la seguridad no solo no ha mejorado de manera estructural, sino que en varios frentes se ha deteriorado, mientras la narrativa oficial insiste en un control que no se corresponde con la realidad del Tolima.

El ejercicio de monitoreo de investigadores de la Red Quynza y el grupo de investigación en estudios regionales (GIER) de la Universidad del Tolima muestra con claridad que el departamento, lejos de la pacificación, lleva varios años viendo cómo se transforma la violencia: menos confrontación abierta, más criminalidad fragmentada, más control de rentas ilegales y mayor presión sobre comunidades rurales y urbanas.

Este diagnóstico no es nuevo ni sorpresivo. Lo preocupante es que el gobierno departamental parece actuar como si no existiera.

El Tolima de hoy combina dos regímenes de violencia:

• En el norte y la zona plana, estructuras herederas del paramilitarismo —con el Clan del Golfo como actor central— administran portafolios criminales mediante alianzas con bandas locales, control de microtráfico, extorsión y usura.
• En el sur, disidencias de las FARC disputan corredores, reclutan menores y sostienen economías ilegales bajo un discurso insurgente cada vez más cuestionado.

Ambos fenómenos están ampliamente documentados por alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y por estudios académicos. Negarlos no los hace desaparecer.

Sin embargo, la narrativa departamental, con fundamento en intereses políticos, no consideraciones técnicas, insiste en atribuir los problemas de seguridad exclusivamente al Gobierno Nacional, al tiempo que se apropia de los pocos resultados parciales o coyunturales. Esa podrá ser una coartada política cómoda, pero es falsa.

La seguridad no se reduce a pie de fuerza, ni a carteles con recompensas y mucho menos a comunicados grandilocuentes. Gobernar implica prevenir, monitorear, caracterizar y articular. Y ahí es donde el balance, a dos años de mandato de esta administración, es francamente deficitario.

Hay asuntos particularmente graves que ilustran la trayectoria de fracaso que va transitando el que sería el principal legado de Adriana Magaly Matiz:

El primero es el aumento exponencial de la minería ilegal en Ataco. No se trata solo de un desastre ambiental evidente, sino de un fenómeno que implica corrupción y captura institucional. Resulta inverosímil que más de cien máquinas que a esta hora destruyen el lecho del río Saldaña pasen inadvertidas para las autoridades civiles y militares, así como para la autoridad ambiental. Aquí no estamos ante un problema de información, sino de voluntad y control.

La minería ilegal es, además, una fuente directa de financiación de estructuras armadas y criminales. Ignorarla es fortalecerlas.

El segundo es la violencia en El Espinal, municipio gobernado por un alcalde de la misma línea política de la Gobernadora. Reducir la discusión a episodios pintorescos de “brujería”, como se ha hecho recientemente, es una forma peligrosa de banalizar el problema.

El Espinal concentra un portafolio criminal completo: microtráfico, extorsión, control de economías informales y presencia de estructuras vinculadas al Clan del Golfo. Aquí no falla el diagnóstico técnico: falla la decisión política de asumir responsabilidades.

El tercer asunto es la consolidación silenciosa del Clan del Golfo en el departamento, sistemáticamente invisibilizada en el discurso oficial. Mientras se señala —con razón— a las disidencias de las FARC en el sur, se guarda silencio frente a las estructuras postdesmovilización de los paramilitares que operan en el norte, la zona plana y corredores estratégicos del departamento.

Esa asimetría narrativa tiene efectos en el ejercicio de gobierno: nombrar unos actores y ocultar otros redefine las prioridades de intervención y diluye responsabilidades en contención del fenómeno.

Un cuarto punto, quizá el más grave, es el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Este fenómeno está ampliamente documentado y sigue siendo tratado como un daño colateral, cuando debería ser el centro de cualquier política de seguridad humana.

La ausencia de estrategias departamentales robustas de prevención y protección deja a la población joven a merced de estructuras criminales que encuentran allí su principal reserva.

Finalmente, está el problema estructural de las drogas: narcotráfico, microtráfico, rutas, violencias asociadas y consumos problemáticos. El Tolima no es un gran productor, pero sí un territorio clave de tránsito, redistribución y consumo.

La respuesta institucional sigue siendo fragmentada, reactiva y centrada en capturas de bajo nivel, sin afectar las cadenas de valor criminal ni ofrecer alternativas de salud pública frente a los consumos.

La fórmula de fracaso es redonda: políticos, no técnicos al frente de la política (y por eso el resultado no es la mejora en los indicadores, sino una candidatura a la Cámara de Representantes); retórica ideologizada y politizada, enfocada no en garantizar la seguridad de la población sino en mostrar que todo va bien; falta de articulación con gobiernos locales y con el gobierno nacional; la inexistencia de una evaluación clara y constante de los resultados, entre otros.

Al final, lo único que se logra es una imagen ficticia de éxito, mientras que las realidades del terreno, como la violencia, el narcotráfico y la minería ilegal, se consolidan sin obstáculo, profundizan las desigualdades y aumentan el riesgo para la población.

Si el lema es “Con seguridad en el territorio”, la evidencia sugiere otra cosa: seguridad sin política pública, territorio sin gobierno y problemas que se profundizan mientras se miran para otro lado. Y eso, más que un fracaso narrativo, es un fracaso de gestión.