Lérida otra vez

La noche del 23 de enero, en el barrio Resurgir, asesinaron a tres miembros de una misma familia. La versión oficial y la nota rápida coincidieron en el libreto: “ajuste de cuentas”, (presuntas) “rentas del microtráfico”, “vendetta”. Como de costumbre, con eso es suficiente para que el caso se cierre antes de que la investigación se abra.

Pero la masacre no es un hecho aislado. En los últimos años, Lérida viene acumulando homicidios cometidos con una trayectoria reconocible. En fuentes abiertas y documentos locales se pueden rastrear, entre otros, los siguientes casos: en 2023, el doble homicidio de dos hermanos menores de edad (marzo), el asesinato de un hombre en octubre a unas cuadras de la Alcaldía, y otro homicidio en noviembre cometido por dos hombres en moto en un barrio del casco urbano.

En 2024, en octubre, se reportaron dos intentos de sicariato con tres personas heridas, y en diciembre se confirmó un homicidio sicarial en el barrio Alemán. A eso se suman hechos recientes: un homicidio reportado en noviembre de 2025, el asesinato de Juan Diego Londoño (“el Paisa”) en diciembre de 2025, el homicidio de comienzos de enero de 2026 en el barrio Las Brisas, y finalmente el triple asesinato de Resurgir, que no solo condensa la crisis sino que la expone abiertamente.

Si ampliamos el lente hacia atrás, el patrón es claro. En 2016 la Defensoría del Pueblo ya documentaba para Lérida un ciclo de homicidios y amenazas con el mismo sello: sicariato, panfletos, intimidación y la mal llamada “limpieza social” como tecnología de control. Allí se registran víctimas con nombre propio y una secuencia temporal concreta de hechos entre finales de 2015 y los primeros meses de 2016.

En Lérida, ese lenguaje (“limpieza social”), más que un exceso retórico, es testimonio de la crueldad de la violencia organizada. Durante el periodo paramilitar, fue un punto estratégico para el Bloque Tolima y uno de los municipios en donde el asesinato selectivo operó como herramienta para disciplinar la vida cotidiana, sembrar miedo y reordenar el territorio.

En los balances de memoria histórica, como los informes del CNMH sobre el Clan Isaza y el Bloque Tolima, el norte del departaemnto aparece como un espacio clave de operación, con repertorios que combinaron homicidios selectivos, desplazamiento, desaparición y masacres. En este sentido, más que de accidentes, podemos hablar de un reciclaje de la violencia.

El resultado es una continuidad perversa: ayer se “limpiaba”, hoy se “ajusta cuentas”. Cambia el eufemismo pero no la función. Sirve para tres cosas. Para la Policía, es la forma barata de explicar sin investigar. Para la política, es el atajo que convierte una crisis sostenida en un evento: consejo de seguridad, foto, recompensa, y a otra cosa. Para parte del periodismo, es la coartada perfecta para no preguntar lo obvio: ¿quién controla el territorio, qué economías mandan, qué redes protegen, qué falló en prevención? ¿Quién manda matar?

Y sin embargo, advertencias hubo. En 2023, la Defensoría encendió las alarmas para el norte del Tolima, incluyendo a Lérida: disputas entre estructuras criminales por rentas ilegales, control territorial, amenazas y un escenario propicio para homicidios y extorsión. Lo que evidencia que si la discusión pública sigue atrapada en el cinismo del “algo debían”, Lérida seguirá siendo una y “otra vez”.

Algunas salidas concretas, más allá del ritual:

Primero, cambiar el estándar de explicación: ninguna autoridad debería usar “ajuste de cuentas” como conclusión, sino como hipótesis investigativa, con indicadores verificables y rendición de cuentas mensual (casos abiertos, avances, capturas, esclarecimientos).

Segundo, una estrategia de investigación focalizada en homicidios y sicariato con apoyo real de Fiscalía y policía judicial: priorizar redes (armas, motos, puntos de vigilancia, finanzas), no solo autores materiales.

Tercero, cumplir las recomendaciones Alerta Temprana 002 de 2023 como plan operativo: prevención situada (barrios, corredores, horarios), protección efectiva a testigos y líderes, y control de economías que financian la violencia (microtráfico, extorsión, “gota a gota”), sin gimnasia estadística.

Cuarto, implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), particularmente en relación con su criterio de focalización. Paradójicamente, el diagnóstico y la matriz programática del documento priorizan el barrio Resurgir como escenario para la prevención.

Por último, un acuerdo mínimo con medios locales y regionales: dejar de publicar el prontuario como epitafio y empezar a preguntar por fallas institucionales, patrones y responsables, a ver si así por fin dejamos de legitimar la violencia, la ineptitud y la impunidad.