La paz y las ciudades

Un conjunto de académicos de distintas universidades nacionales y regionales del país, acaba de presentar formalmente al debate presidencial una propuesta (de) política sobre el derecho a la paz en las ciudades. El documento, respaldado en décadas de datos sobre homicidio, cuestiona que el debate sobre la paz siga anclado en el mundo rural.

Según datos del DANE procesados por la RED Quynza, entre 1979 y 2024 las ciudades colombianas produjeron el 58% de los 835.309 homicidios registrados en el país. Las ciudades grandes como Medellín, Cali y Barranquilla, promediaron una tasa de 85 homicidios por cada cien mil habitantes en ese periodo. Esa cifra supera con creces la de cualquier otra categoría de municipio, incluidos los poblados rurales que solemos imaginar como epicentros de la violencia.

Las ciudades intermedias y pequeñas promediaron tasas de 40 y 46, equiparables a las de los poblados. En el territorio donde viven cuatro de cada cinco colombianos se comete más de la mitad de los asesinatos. Y sin embargo, la paz se diseña como si la ciudad no existiera.

De acuerdo con el argumento de la RED, el imaginario del conflicto armado, el que ha dominado durante siete décadas nuestra manera de entender la violencia y de construir la paz, atraviesa una crisis, por dos razones:

La primera, porque pese a esfuerzos enormes y logros reales, ese imaginario no logró desterrar el exceso violento. La serie histórica de la tasa de homicidio en Colombia revela un fenómeno persistente: desde 1959, el país no ha logrado bajar de manera sostenida por debajo de la tasa de 20. En 2014 bajó de 30 por primera vez desde 1980, pero se estancó. Hoy, un nuevo ciclo violento está en marcha. Tras la desmovilización de los paramilitares y de las FARC aparecieron el Clan del Golfo, las disidencias y un sinfín de bandas criminales. La desmovilización no produjo el salto histórico que se esperaba.

La segunda razón, porque ese imaginario borró la ciudad. Al concentrarse en la guerra, sus actores y sus dinámicas rurales, dejó fuera las violencias de la convivencia urbana. Las riñas que terminan en muerte. La violencia intrafamiliar. El exterminio social de jóvenes y habitantes de calle. El control territorial de bandas y combos que no encajan en la categoría de “actor armado”.

De acuerdo con esta lógica, la guerra como la conocemos no se tomó la ciudad. Los actores armados no lograron implantar en las calles las dominaciones que sembraron en el campo. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2022, en la ciudad ocurrió apenas el 17% de las acciones bélicas y el 27% de los reclutamientos. Pero eso no significa que la ciudad sea pacífica. Significa que sus violencias tienen otra naturaleza.

Por ejemplo: la tasa de lesiones personales en las ciudades alcanza 240 por cada cien mil habitantes; en los poblados, 125. La violencia intrafamiliar urbana marca 172; la rural, 77. El 90% de los casos de exterminio social, la mal llamada “limpieza”, ocurre en calles urbanas. El 85% de los atracos a persona sucede en la ciudad.

Estas cifras dibujan un mosaico de violencias que no proviene de la guerra. Proviene de la convivencia. De la familia, el vecindario, la fiesta, el trabajo. De acuero con la RED Quynza, frente al desborde urbano, nuestras violencias dejan de ser un asunto de los actores armados y sus desafueros. Hay que voltear la mirada hacia adentro de la sociedad, hacia la tendencia a resolver el conflicto mediante el despojo y la fuerza.

El exterminio social ilustra este punto con crudeza. Los vecinos “ajustician” a jóvenes, personas con identidades sexuales diversas o habitantes de calle. No lo hacen por razones políticas ni económicas. Lo hacen para regular la convivencia. El fenómeno existe en otros países, pero en ninguno con la sistematicidad que tiene en Colombia. “Algo está roto en el alma colectiva”, dice la RED. La presencia sostenida de la guerra configuró una estructura de sentimientos que facilita el tránsito al asesinato.

Desde este punto de vista, la RED Quynza propone ampliar el horizonte de la paz, sobre la base de tres ejes:

El primero es la equidad urbana. Colombia es una de las naciones más desiguales del planeta. La urbanización espacializó esa desigualdad y convirtió las ciudades en hervideros de exclusión. La Constitución del 91 protegió a indígenas y afrodescendientes, hace poco amplió esa protección al campesinado. Pero los sectores populares urbanos carecen de una protección equivalente. Las ciudades pueden construir pactos de equidad. Operan sobre grandes poblaciones en el territorio donde funcionan los epicentros del capital y la decisión política.

El segundo eje es la transformación cultural. El exceso violento no desaparecerá mientras el alma colectiva siga legitimando los actos de violencia y muerte. La RED apunta a tres palancas de esa transformación: las víctimas urbanas, cuya memoria y reparación deben adquirir protagonismo en la ciudad; las mujeres, sujeto de impactos diferenciados y fuerza motriz de cambios culturales; y la generación joven, que nutre el exceso como víctima y como victimario, pero que fue el motor de la explosión social de 2021.

El tercer eje es el empoderamiento de la sociedad. La paz no puede seguir como asunto exclusivo del Estado y de quienes empuñan las armas. La negociación con los agentes armados debe partir de la convergencia entre Estado y sociedad organizada, y no quedar en manos de los beneficarios del conflicto (y virtuales beneficarios de la paz).

La palabra la tienen los candidatos presidenciales.